Boletín OICAR No. 1: Descripción de conflictos ambientales en Colombia (1ra Parte): El Quimbo, Hidroituango, Bellacruz, Jiguamiando y Curvarado y Las Franciscas

Descripción de los conflictos ambientales en Colombia (1ra Parte)

Por: Gustavo Adolfo Ortega Guerrero, Luis Fernando Sánchez Supelano, Diana Carolina Rodríguez Ardila, Adriana María Guerrero Arias.

Presentación

El Boletín OICAR 2015, hace parte de la primera entrega sobre la descripción de los conflictos ambientales en Colombia, de acuerdo a los avances teóricos y metodológicos que se han venido trabajando en el Observatorio de Investigación en Conflictos Ambientales Redistributivos (OICAR), tanto en el Informe Final de Investigación del año 2014 titulado Análisis de conflictos ambientales re-distributivos en Colombia: Un abordaje desde el mapa de actores y la cartografía de conflictos ambientales, como en las publicaciones que se han venido realizando con el Grupo de Investigación en Derecho Ambientales y Colectivos (GIDCA) de la Universidad Nacional de Colombia.

Conflictos ambientales en Colombia

Conflictos ambientales por la realización de proyectos y obras de energías renovables (PER)

Los conflictos por la realización de proyectos y obras de energías renovables (PER) hacen parte del tipo de conflictos ambientales en los cuales se involucran las escalas nacional y local, en cuanto a las tensiones entre diferentes actores gubernamentales, empresas nacionales y/o transnacionales, comunidades y grupos armados ilegales, con intereses contrapuestos. En Colombia existen varios conflictos de este tipo debido principalmente en la construcción y operación de proyectos de hidroeléctricas de acuerdo a la geografía y orografía natural del territorio, dentro de los cuales se incluyen la construcción de represas o embalses, centrales hidroeléctricas y canales en cuencas, así como otros proyectos en menor número de energías renovables como parques eólicos.

En Colombia, existe un contexto específico de los conflictos ambientales generados por este tipo de proyectos, que se remonta a los antecedentes presentados la década de 1980, en la cual, existe una dependencia total del manejo y gestión por parte de las empresas públicas, que para la época no se enfrentan a la necesidad de la expansión del crecimiento de la demanda energética interna, a la presión debida por abastecimiento de redes eléctricas, o a las estrategia de transferencia comercial hacia otros países de la región. A comienzos de la década de 1990, la situación cambia drásticamente, debido a dos factores principales que deben ser tenidos en cuenta: en primer lugar, la apertura económica efectuada por el Gobierno del Presidente César Gaviria en la cual se buscaba impulsar la inversión económica extranjera a través de la privatización del sector público; y en segundo lugar, la crisis energética intensificada por los embates del fenómeno de ‘El Niño’, que continuamente afectaban los niveles de agua del frágil modelo de hidroeléctricas existente en el territorio nacional (Gómez, 2014).

El cambio experimentado en la política de Estado en materia energética, lleva a los gobiernos nacionales a impulsar la construcción de embalses y proyectos de hidroeléctricas a gran escala, generando conflictos ambientales en las comunidades locales representadas especialmente por el desplazamiento, la violencia y el desconocimiento de derechos colectivos a la participación y la consulta previa  de comunidades campesinas y grupos étnicos. Los conflictos en este momento, son recrudecidos por el conflicto armado interno derivadas de las tensiones de la escala nacional frente a la local efectuadas por los proyectos, pero también por los intereses de los grupos armados, en especial las guerrillas, quienes perpetran ataques violentos a la infraestructura de las redes eléctricas en los territorios bajo su influencia.

Otros factores también serán determinantes en la evolución de los conflictos ambientales, no sólo la crisis energética experimentada, sino también la mala planificación de los bienes ambientales como los ríos, la ausencia de una política ambiental definida, las altas tasas de deforestación y ausencia de reforestación de las cuencas hidrográficas, la ineficiencia de las empresas públicas y el mal manejo de los recursos económicos y del presupuesto sumado a los problemas de corrupción, son los argumentos que permitirán abrir el espacio para el manejo de la energía por el capital privado extranjero (Tarazona, 2010).

En consecuencia, serán importantes desde entonces las acciones direccionadas a partir de las políticas de los gobiernos nacionales con el fin de impulsar la construcción de este tipo de proyectos, utilizando como argumento incluso para sostener las situaciones de vulneración de derechos colectivos de consulta previa y oposiciones por falta de reconocimiento de las comunidades en los procesos participativos, la primacía del interés general sobre el particular, siendo rechazadas las acciones en la que unos pocos puedan oponerse al desarrollo del país (Pérez-Rincón, 2014). Del mismo modo, existe una percepción sobre el resultado final en el cual la liberalización del mercado energético en Colombia, responde realmente a la necesidad de expansión económica en la presión del modelo globalizado, más que una necesidad social de la población nacional.

Los primeros conflictos que empiezan a tener notoriedad en el ámbito nacional, son precisamente las contradicciones que se presentan entre el desarrollo de proyectos de hidroeléctricas, entre el reconocimiento de derechos e intereses colectivos respecto a la defensa del interés general por parte del Estado, para determinar y establecer áreas inundables en territorios colectivos de comunidades indígenas y tierras de campesinos, que incluso originan desapariciones y crímenes en contra de comunidades como el caso del valle del río Sinú con la construcción del proyecto Urrá 1, afectando a poblaciones de indígenas Emberá (Katíos) y comunidades campesinas y pescadoras tradicionales.

Más tarde, se observa la necesidad de seguir ampliando la oferta energética con la construcción de grandes megaproyectos de ingeniería para la creación de centrales hidroeléctricas, que sobrepasan cualquier capacidad antes vista, con aprovechamiento de las principales fuentes hídricas en el territorio nacional, mediante las alianzas públicas y privadas de empresas como Emgesa S.A. E.S.P., por las cuales se va consolidando el modelo energético propio de las economías extractivistas de los países en desarrollo.

A continuación se realiza una descripción general de los conflictos ambientales que se han presentado  en el desarrollo de estos proyectos de energías renovables, para lo cual, se aplican los fundamentos metodológicos establecidos respecto al análisis en las distintas regiones del país, abordando el contexto ecológico y social del conflicto, la identificación de los actores y sus dinámicas de interacción en diferentes escalas de análisis, la evolución histórica en el tiempo desde los orígenes hasta la actualidad, y una breve conclusión respecto al enfoque desde el análisis de los conflictos ambientales redistributivos.

Construcción de la hidroeléctrica ‘El Quimbo’

La hidroeléctrica El Quimbo, está localizada en la confluencia de los ríos Páez y Magdalena en el departamento del Huila en la región Andina al Suroccidente de Colombia en los municipios de Garzón, Gigante, El Agrado y Altamira, convirtiéndose en el segundo megaproyecto de la misma naturaleza construido en la misma región y cuenca hidrográfica al lado del embalse de Betania (ver Figura 1). De acuerdo con la información, el embalse puede llegar a almacenar un volumen de aproximadamente 1.824 hm3 de agua en un área inundada de 8.250 hectáreas, afectando una gran cantidad de predios rurales habitados por campesinos, comerciantes y pescadores. Se ha mencionado además dentro de los documentos del proyecto su capacidad instalada de generación de energía, cercana a los 400 MW con un promedio de 2.216 GWh/año, con lo cual se puede clasificar como un proyecto de gran generación con altos impactos ambientales, propiamente en la categoría de central hidroeléctrica (CH) siguiendo la clasificación adoptada por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) conforme a las directrices de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) (UPME, 2005; PRC, 2014)[1] [2].

El proyecto inicialmente fue propuesto por la Central Hidroeléctrica de Betania en el año 1997, aunque en aquella ocasión se negó la licencia ambiental al considerar que la construcción de la represa representaba graves impactos ambientales al componente social, generando una afectación alta sobre las tierras productivas destinadas a las actividades agrícolas de la población asentada dentro del área de influencia del proyecto (MAVDT, 1997). Con la nueva estrategia de asignación de Obligaciones de Energía Firme (OEF) bajo el sistema de subasta pública de energía, el Ministerio de Minas y Energía (MME) asigna el proyecto a la empresa española Emgesa S. A. a mediados de 2008 (CREG, 2014).

 

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Figura 1. Mapa de ubicación geográfica hidroeléctrica ‘El Quimbo’

De manera alterna a la realización de la subasta, con el fin de dar celeridad, Emgesa adelanta los trámites para la obtención de la licencia ambiental, solicitando el pronunciamiento del Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DDA) en el 2007, y consiguiendo luego en el 2009, la aprobación de dicha autorización con la expedición de la Resolución 899 por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT). Dentro de las obligaciones establecidas por la autoridad ambiental estaban, las medidas para complementar al censo de la población afectada, asegurar la realización de procesos participativos y de reasentamiento de la población, y la toma de medidas necesarias para prevenir y mitigar los impactos con la remoción del suelo y el retiro de la biomasa presente en el área, como requisito para efectuar el procesos de llenado de la represa (MAVDT, 2008).

En cuanto a los procesos de negociación y compra directa de los predios que conforman el área inundable para la construcción de la represa, Emgesa empieza a buscar acercamientos con las comunidades locales, pero conforme se intensifican los conflictos con propietarios, poseedores y tenedores de predios rurales, incluyendo organizaciones de campesinos, comerciantes, artesanos y pescadores locales, decide solicitar al MME la declaratoria de ‘utilidad pública e interés social’ del proyecto, con el fin de adelantar procesos de expropiación administrativa, aprobada mediante Resolución 321 de 2008 (MME, 2008).

Los grupos y organizaciones que se conformaron alrededor de los conflictos generados, como Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo (Asoquimbo), comienzan a denunciar desde entonces el desconocimiento de sus derechos e intereses, por actos de violencia, intentos de desplazamiento, falta de reconocimiento e inclusión en los procesos participativos que conllevan a diferentes maneras de resolver las tensiones presentadas. Es en este escenario en el cual interviene directamente el Gobierno Nacional a través del Presidente Álvaro Uribe Vélez, quien convoca a finales de 2008 y comienzos de 2009, las mesas de concertación con los gobiernos departamental, municipales y las comunidades afectadas. Sin embargo, ante la necesidad de efectuar los reasentamientos de las comunidades en el menor tiempo para iniciar las obras de construcción, se recrudecen las confrontaciones con las comunidades por su demanda frente a la falta de reconocimiento y participación.

Más tarde se iniciarían las obras el 25 de febrero de 2011 con la presencia del PresidenteJuan Manuel Santos, correspondería efectuar la dirección de finalización de la obra, llenado de las áreas inundables y la posterior operación de la central hidroeléctrica planeadas para el periodo 2014-2019. Durante este periodo, se presentan nuevamente conflictos, los cuales llegan incluso a resolverse mediante acción de tutela en instancias judiciales que llega a conocer la Corte Constitucional de Colombia (CCC) respecto a la vulneración de los derechos fundamentales al mínimo vital, la vida digna y el trabajo.

Debido a lo anterior, el proyecto El Quimbo retrasa sus obras para finalizarlas en el 2015, y continuar así  con la fase de llenado de las áreas inundables establecidas previamente dentro del proyecto. Este ha sido un momento especialmente álgido en el desarrollo del conflicto por las distintas controversias que se presentan en la generación de daños ambientales generados muchos de ellos irreversibles, que son discutidos por los distintos actores. Entre las distintas obligaciones, se centró la discusión sobre la obligación de retirar la biomasa contenida en los bosques que había sido establecida en la licencia ambiental, pero que fue modificada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en la Resolución 0759 del 26 de junio de 2015, reduciendo considerablemente la obligación para la empresa y autorizando la fase de llenado. A pesar de observarse diferentes cuestionamientos técnicos sobre el acto administrativo, así como, un aparente desconocimiento de la legalidad sobre la notificación a terceros intervinientes, Emgesa decide comenzar el llenado de la represa luego de renunciar a los términos (Castaño, 2015).

En razón a la determinación de la ANLA, y como respuesta a los posibles daños ambientales, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) decide ordenar el 3 de julio de 2015, la suspensión preventiva del proyecto. A pesar de las medidas adoptadas, Emgesa continuó con el llenado hasta realizarlo casi en su totalidad y comenzar las pruebas de generación de energía. El día 17 de julio de 2015, como parte del proceso de acción popular iniciada en contra la empresa por la afectación de los derechos e intereses colectivos ambientales, el Tribunal Administrativo del Huila ordena la suspensión del llenado (DDH, 2015; Areiza, 2015).

Pero esta orden se contrapone a la decisión adoptada posteriormente por el Presidente Juan Manuel Santos quien tras haber decretado el estado de emergencia económica, ecológica y social debido a la situación de crisis originada por el cierre en la frontera con Venezuela, expidió el Decreto Legislativo 1979 del 6 de octubre de 2015 en el que se “autoriza el inicio de la generación de energía eléctrica en el proyecto hidroeléctrico El Quimbo”, hecho que ha sido utilizado en la práctica por Emgesa para desconocer la decisión del Tribunal Administrativo y continuar con el desarrollo del proyecto (PRC, 2015; Portafolio, 2015).

Contexto ecológico y social del conflicto en ‘El Quimbo’

La afectación ambiental ocasionada por el proyecto hidroeléctrico, comprende la intervención y alteración sobre ecosistema de bosque seco tropical, que comprende los últimos remanentes de bosque natural primario, secundario y poco intervenido en el territorio nacional. Entre los tipos de cobertura que hacen parte del ecosistema se encuentra el bosque mutiestrata de crecimiento de las especies de plantas y árboles en diferentes estratos según niveles altos, medios y bajos; bosque ripario o de galería propio de las la ribera del río caracterizada por ser hábitat de una gran cantidad de animales, entre ellos, mamíferos y aves; así como otra sucesión ecológica de bosque intervenido como bosque secundario, rastrojo alto, pastos arbolados y cultivos (Lieth y Werger, 2012).

Debido a esta afectación, siguiendo las medidas establecidas por la autoridad ambiental, Emgesa tiene la obligación de realizar compensación por el aprovechamiento que efectuará en el área inundable afectando especies en peligro como el Cedro (Cedrela adorata) y la Trichilia acuminata propias del bosque de galería, y muchas otras especies de flora y fauna de las cuales tenían protección como zonas de reserva forestal de la Amazonía de acuerdo con la Ley 2 de 1959, que fueron sustraídas por la autoridad ambiental para el desarrollo del proyecto (ver Tabla 1) (MAVDT, 2008).

Tabla 1. Compensación por aprovechamiento forestal del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo

Zona Áreas intervenidas (hectáreas) Tipo de Compensación Total Compensación (hectáreas)
Bosque multiestrata 818,60 1 a 5 818,60
Bosque de galería o ripario 842,10 1 a 5 4.210,50
Bosque secundario 8,20 1 a 5 41,00
Ratrojo alto 1.161,10 1 a 5 5.805,50
Pastos arbolados 204,00 1 a 5 204,00
Total 3.034,00 11.079,60

Fuente: Adaptado de MAVDT (2008)

De la misma manera en la que se hace afectación al ecosistema, también fueron identificadas afectaciones de especies de fauna silvestre que se verá fuertemente impactada por la construcción y operación de la hidroeléctrica. Según la propia Emgesa (2008) en los estudios de impacto ambiental presentados, se mencionan en los registros 13 especies de anfibios y reptiles, 74 especies de mamíferos (entre ellos la nutria de río Lontra longicaudis y el mono nocturno Aotus griseimembra como especies en peligro), 103 especies de aves, 24 especies de peces y otros a nivel microbiológico de perifiton y plancton.

Debido a lo anterior, se han considerado impactos altos en términos ecológicos por cuanto existe un área comparativamente extensa de 8.500 hectáreas que constituye la muerte, desplazamiento e impactos irreversibles e irremediables ocasionados con la realización del proyecto, que además conllevan impactos sociales frente al sustento de sectores de la población que realizan actividades de sustento dependientes de los elementos naturales que serán afectados. Entre los que más se destacan, se encuentran las afectaciones a especies migratorias de peces que constituyen parte de las actividades económicas de las comunidades que pescan en la zona, incluso afectando de la misma manera, la disponibilidad de las pesquerías en el río Magdalena (bocachico, capax, patolo, sardina, nicuro, blanquillo, pacora, bagre rayado, etc.).

Teniendo en cuenta la afectación a las actividades pesqueras, una parte importante del conflicto se ha concentrado en la obligación por parte de Emgesa  que había sido impuesta inicialmente en la licencia ambiental por el MAVDT en 2008, sobre la remoción de la mayor parte de la biomasa para prevenir los procesos graves de eutrofización de las aguas por recarga de nutrientes, pues la presentación de ese proceso, implica la muerte masiva del ecosistema impactando en el área de influencia directa del río Magdalena.

Identificación de los actores y sus relaciones

Los actores que intervienen en el conflicto ambiental del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, son: i) la Empresa Emgesa S. A.; ii) el Gobierno Nacional representado en el Presidente de la República, MME y MADS; iii) los actores populares conformados por comunidades afectadas por el proyecto, entre los que se encuentran, campesinos, pescadores, comerciantes entre otros; iv) los gobiernos locales del departamento como los municipios afectados del Huila; vi) los jueces, tribunales y órganos de control que han conocido de las acciones interpuestas entre ellos la Corte Constitucional, el Tribunal Administrativo del Huila y la Contraloría General de la Nación, y vii) los actores armados entre los que se incluyen las FARC y Paramilitares. La interacción entre estos actores, así como sus intereses y posición dentro del conflicto son múltiples y experimentan dinámicas diferentes, aunque es evidente el interés demostrado por los actores afectados directamente, en este caso, Emgesa, los actores populares, el Gobierno Nacional, los gobiernos locales y los grupos armados ilegales (ver Figura 2).

Se considera a Emgesa S. A., el principal interesado en el desarrollo del proyecto, desplegando acciones similares a las de empresas transnacionales que invierten en proyectos a escalas globales-nacionales de países en desarrollo, con el fin de incrementar la rentabilidad de sus inversiones a través de la defensa de sus intereses económicos. A pesar de que Emgesa opera como una transnacional del sector energético, en su historia se define como una empresa constituida mediante la capitalización de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) que aún participa con el 51.5%, pero controlada por el grupo español Enel S.p.A. a través de la subsidiara Enersis S. A., a su vez, filial de Endesa Chile, al mantener una participación de 48.5% y un 56.5% de derecho al voto (BNA, 2015).

La empresa es actualmente la responsable de la realización de las obras y operación del proyecto hidroeléctrico, pero también de la planeación del proyecto, los trámites y las obligaciones derivadas de la licencia ambiental, en especial, las medidas establecidas para el reasentamiento de la población que será desplazada con motivo de la realización del proyecto. Debido a que su preocupación está centrada en la construcción y operación de la hidroeléctrica, su forma de actuación, ha conllevado una preocupación mínima por los impactos ambientales que puedan generar este tipo de proyectos sobre las poblaciones locales.

Esto se observa en primera instancia, en la presentación de los estudios de impacto ambiental tanto en el componente biofísico como social, que fueron considerados deficientes respecto de las medidas necesarias para dar un manejo adecuado a los impactos biofísicos y sociales por parte de la autoridad ambiental. De la misma manera se cuentan entre sus maniobras la presión ejercida ante el Gobierno Nacional con el fin de lograr la modificación de las obligaciones de la licencia ambiental, la expedición del decreto legislativo para el inicio de las actividades de operación y las actuaciones para agilizar el llenado de la represa con violación de los derechos a la participación y el debido proceso de terceros intervinientes.

Pero esta forma de actuación por parte del grupo Enel S.p.A. no es la primera vez que enfrenta cuestionamientos por las afectaciones en la forma de desarrollo de este tipo de proyecto respecto a preocupaciones ambientales. Así por ejemplo, en Italia, Enel fue expulsado por intentar maniobras ilegales encaminadas a la realización de proyectos hidroeléctricos de más de 200 MW/día, los cuales se encuentran expresamente prohibidos en la legislación, al determinar los altos impactos ambientales.

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Hidroeléctrica Hidroituango

La hidroeléctrica Ituango, está localizada en el río Cauca, a la altura de los municipios de Ituango, Briceño y Toledo, ubicados en el departamento de Antioquia, en la Zona Norte de la Región Andina, al occidente de Colombia (ver Figura 3).

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Figura 3. Mapa de la ubicación geográfica del proyecto ‘Hidroituango’

 

La Presa del proyecto de la Hidroeléctrica de Pescadero-ItuangooHidroituango, según documentos de la Sociedad Promotora de la Hidroeléctrica Pescadero S.A., “estará construida en enrocado con núcleo de tierra, tendrá una altura de 220 metros y creará un embalse de 70 kilómetros de largo, que contendrá hasta 2.720 millones de metros cúbicos de agua, con una maquinaria de ocho (8) turbinas, capaz de generar 2.400 MW de energía, lo que la convertirá en el proyecto hidroeléctrico más grande de Colombia”, cuya construcción se inició en2010y entrará en funcionamiento en el2018.

De este proyecto se puede afirmar, que es una obra que genera impactos ambientales, sociales económicos y culturales de gran magnitud; y se encuentra clasificado como un proyecto de gran generación con altos impactos ambientales, propiamente en la categoría de central hidroeléctrica (CH) siguiendo la clasificación adoptada por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) conforme a las directrices de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) (UPME, 2005; PRC, 2014)[3] [4].

El proyecto Hidroituango fue concebido inicialmente durante los años 1960 y 1970, décadas en las cuales, se hicieron los primeros estudios que mostraban la viabilidad de su construcción, de manera que “se comenzaron a hacer estudios que permitieran identificar el potencial hidroeléctrico del río. En 1983 se realizó un estudio que demostraba la factibilidad de construir una hidroeléctrica en la zona conocida como el Cañón del Cauca, comenzando la construcción en el año 2009, cuando la autoridad competente otorgó la licencia ambiental” (MAVDT, 2009).

“En 2006 se suscribió un contrato con el Consorcio Integral para complementar la factibilidad técnica, económica y ambiental del proyecto, y realizar el Estudio de Impacto Ambiental, el cual empezó en abril de ese año y terminó en agosto de 2007. Este Estudio constituyó un aporte fundamental para la obtención de la Licencia Ambiental de la Central otorgada mediante resolución 0126 de enero 26 de 2009 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial”. (MAVDT, 2009)

El 30 se enero de 2009, mediante Resolución 0155 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se otorga licencia ambiental para el Proyecto Central Hidroeléctrica Pescadero Ituango y se toman otras determinaciones. Dentro de las obligaciones establecidas por la autoridad ambiental estaban, las medidas para complementar al censo de la población afectada, asegurar la realización de procesos participativos y de reasentamiento de la población, y la toma de medidas necesarias para prevenir y mitigar los impactos con la remoción del suelo y el retiro de la biomasa presente en el área, como requisito para efectuar el procesos de llenado de la represa (MAVDT, 2008).

Sin embargo, años después, según comunicado de prensa de agosto 31 de 2012, las comunidades afectadas por Hidroituango, se manifestaron ante la empresa EPM, indicando múltiples irregularidades con las que avanza el proyecto, al no cumplir con los presupuestos estipulados en la licencia ambiental; y en suma, se solicitó la presencia de “la Agencia Nacional de Licencias Ambientales para que informe a la comunidad las acciones planteadas en la licencia ambiental para mitigar daños ambientales, sociales, económicos y culturales” (CENSAT AGUA VIVA, 2015).

Ahora bien, en cuanto a los socios implicados en el proyecto, hay que destacar que en 1997 se creó la “Sociedad Promotora de la Hidroeléctrica Pescadero S.A.”, sin embargo, actualmente los principales socios del Proyecto Hidroituango en su orden son el Departamento de Antioquia y Empresas Públicas de Medellín.

Como se mencionaba anteriormente, el proyecto Hidroituango, ha traído consigo múltiples afectaciones de tipo ambiental, social económico y cultural, puesto que no solo genera implicaciones en el ecosistema, sino que además se trata de una zona que históricamente ha sido blanco del conflicto armado (Sentencia T-367, 2010), y que ahora ha tenido que soportar situaciones complejas en términos sociales, producto de los procesos de los procesos de negociación y compra directa de los predios que conforman el área inundable para la construcción de la Hidroeléctrica.

Contexto ecológico y social del conflicto en ‘Ituango’

En el proyecto Hidroeléctrico Ituango se verán afectados los ecosistemas bosque seco tropical indudable, relictos boscosos y humedales y el ecosistema lentico “madrevieja” de doce municipios: Santa Fé de Antioquia, Olaya, Liborina, Buritica, Sabanalarga, Peque, Toledo, San Andrés de Cuerquia, Ituango, Briceño, Yarumal y Valdivia. La empresa ejecutora del proyecto buscará compensar el impacto ambiental estableciendo 5 hectáreas de plantaciones forestales por cada hectárea utilizada en las zonas de protección del embalse. Sin embargo, a pesar de tomar esta medida, la ejecución del proyecto presenta serio conflictos:

La excavación y construcción de depósitos, lo que generará cambios en las características fisicoquímicas del suelo. Además removerá coberturas vegetales y desviará, canalizará y captara caudales, afectando la calidad visual del paisaje, rompiendo la identidad territorial de las comunidades, puesto que “al cambiar el paisaje, cambia también la forma en cómo éstas se relacionan con el entorno”. Además, se generará un desplazamiento de la fauna desde la parte baja a la parte alta de la cuenca hidrográfica, propiciando que los animales salvajes se coman y dañen los cultivos y se generará una pérdida de biodiversidad de la parte baja. Por otro lado, los habitantes de otros municipios se han desplazado a trabajar en la hidroeléctrica, lo que a su vez presiona los recursos naturales de las zonas altas.

Por otro lado, se han comprado los predios de las zonas que se inundarán, cambiando así la tenencia de la tierra. “Para la construcción de algunas obras requeridas por el proyecto como la presa, la central, las vías y el llenado del embalse, es inevitable la adquisición de predios y por ende, el cambio de tenencia de la tierra, cuyos propietarios deberán abandonar sus tierras y actividades productivas” (Torres, 2014), provocando los mineros, pescadores, y agricultores, abandonar de forma involuntaria el territorio. Además, la falta de legalidad de los predios ha generado un desplazamiento de algunas familias sin ningún tipo de compensación.

Adicionalmente se verán afectadas las principales actividades económicas de la región: la minería y agricultura. La segunda es una fuente de empleo constante que brinda estabilidad a largo plazo a los municipios cercanos al proyecto. Sin embargo, se ha presentado un cambio en la actividad económica de los pobladores hacia la construcción de la hidroeléctrica, lo que genera preocupaciones por las dificultades que tendrán las comunidades para realizar nuevamente actividades agrícolas luego de la construcción de la hidroeléctrica, ya que regresarían a un campo abandonado, con un ingreso menor al que recibían en las obras.

“En términos del conflicto armado, se ha visto que ha aumentado de forma considerable en los municipios de Ituango y Toledo desde el inicio de obras. En términos de desplazamiento, en el 2009 fueron desplazadas 16.744 personas y en el 2010, 18.137 personas. El inicio de las obras supuso mayor presencia de la fuerza pública en el municipio, el cual se encuentra militarizado la mayor parte del tiempo” (Torres, 2014).

El desplazamiento humano masivo ha generado problemas de prostitución, drogadicción, aumento de embarazo adolescente y la prostitución infantil.

Conflictos ambientales por proyectos de agroindustrias (AGR)

Hacienda La Bellacruz

El municipio de La Gloria, se encuentra ubicado al sur occidente del departamento del Cesar, limitacon los municipios de Tamalameque y Pelaya, por el Este con el departamento de Norte de Santander, por el Sur con los municipios de Aguachica y Gamarra, y por el Oeste con el departamento de Bolívar. (Alcaldía de La Gloria – Cesar, 2015). Se encuentra a 268 Kms de Valledupar, capital del departamento. Su principal actividad económica tiene que ver con las tareas agropecuarias y la pesca.

Es en dicho territorio, principalmente, y en municipios aledaños, donde al día de hoy, en la Hacienda La Gloria – antes la Bellacruz -, se trabajan alrededor de 6000 hectáreas de Palma de Aceite o Palma Africana; en este proyecto participan MR Inversiones SAS, Grupo Empresarial Hacienda La Gloria y La Dolce Vista Estate Inc. (cuyo mayor accionista es Germán Efremovich, dueño de Avianca)[5]qué con una inversión de 150-160 millones de dólares han implantado este cultivo en la región. (Organizaciones de Justicia Ambiental, Pasivos y Comercio, 2015).

Sin embargo, esta actividad productiva está asociada con el despojo de títulos baldíos de la Nación y pretendidos por 64 familias de campesinos de la región que llevan varias décadas reclamando 1500 hectáreas, de esas 6000 que componen la Hacienda, que según ellos les pertenecen o deberían de. Es un conflicto que involucra despojo, apropiación de baldíos y tierras prometidas.La historia de este conflicto se compone de varios momentos que se reseñan a continuación; la compra de los terrenos de la Hacienda se hizo por parte del señor Alberto Marulanda y su familia, entre 1936 y 1944. Para ese entonces eran25000 las hectáreas que componían el terreno. Estos se encuentranubicados en los municipios de Talanquera, La Gloria y Pelaya.

Entre los años 70 y 80, varias familias de campesinos colonos se asentaron en parcelas dentro de la Hacienda, pues sabían que dichos terrenos que ocupaban no podían ser propiedad de la Bellacruz ya que eran baldíos.Junto con esta ocupación, solicitaron ante el INCORA que dichos terrenos les fuesen adjudicados; al poco tiempo fueron desalojados de allí por medio de la violencia ejercida por el Ejército y la Policía.Después de esto, en 1989, los campesinos colonos iniciaron una negociación con el Estado, en cabeza del INCORA, para que les adjudicasen los baldíos que existían dentro de la Hacienda. El pacto se consumó y las familias se ubicaron en otro terreno a la espera de que se cumpliese con lo pactado.

Bajo este escenario, el INCORA solicitó una inspección ocular de los terrenos con el fin de determinar si existían o no baldíos dentro de ellos. El Instituto dio inicio al proceso de clarificación en 1990.y en 1994 decidió respecto al proceso de la Hacienda Bellacruz, declarando varios predios como bienes baldíos de la Nación, por medio de la resolución N° 01551 del 20 de abril de 1994; respecto a esos predios no fue posible que la familia Marulanda presentase prueba en contrario(Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar , 2015)

Sin embargo, pese a la existencia de esas 1500 hectáreas de baldíos y el conocimiento por parte del Estado, el INCORA prefirió comprar 2060 hectáreas a la familia Marulanda para titular a los campesinos. Después de seis años, concretó la compra por $700 millones de pesos de los predios San Antonio, Los Cacaos y San Helena, en el municipio de La Gloria, así como el predio San Carlos, compuesto por La Plata, La Platica y Rompedero, en el municipio de Pelaya.(Organizaciones de Justicia Ambiental, Pasivos y Comercio, 2015)

Cuando iban a adjudicárseles estos predios a las familias reclamantes, los que se compraron, no los baldíos, en 1996, un grupo de paramilitares, encabezado por Juancho Prada, se ubicaron dentro de los terrenos de la Hacienda y comenzaron a realizar acciones de hostigamiento, incluidos homicidios, que finalmente desplazaron a las familias del lugar, los pocos que quedaron estuvieron sometidos al pago de vacunas y a recibir menos de las hectáreas pactas, que eran 35 por Unidad Agrícola Familiar.

En 2006 se desenglobaron los terrenos, por parte de los poseedores del predio y en 2007 se volvieron a englobar en un solo territorio. Al año siguiente, en 2008, La Dolce Vista, propiedad de Germán Efremovich, compró M.R. Inversiones y Frigorífico La Gloria S.A., a la familia Marulanda, que eran las empresas propietarias de la Hacienda y entregó la administración de la misma a la Fiduciaria Davivienda. En 2009, cambia la razón social del terreno a Hacienda La Gloria, y siembra  casi 6000 hectáreas de palma aceitera.

En el 2010, Alfredo Ballena alias ‘Rancho’, paramilitar, desmovilizado del Frente Héctor Julio Peinado, declaró ante la jurisdicción Justicia y Paz que él participó del desplazamiento de los campesinos de la antigua Bellacruz y que el grupo paramilitar fue contratado por Francisco Alberto Marulanda y su administrador general. Marulanda fue condenado por estos hechos en primera instancia dentro de un proceso penal en 2003, pero absuelto en segunda por el Tribunal Superior de Magdalena. El caso se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se encuentra en curso.(Verdad Abierta, 2011)

Solo hasta el  2011, el INCODER retomó el caso. Es así como el 5 de septiembre de 2011, se inició el proceso de recuperación de baldíos indebidamente ocupados, al interior de la Hacienda, para resolver: “En el 2013, EL INCODER, determinó que existía “una ocupación indebida de baldíos” de 1.500 hectáreas, por parte de La Gloria S.A.S, M.R Inversiones S.A.S, La Dolce Vista State y el grupo agroindustrial Hacienda La Gloria S.A. y ordenó la restitución de los bienes baldíos de la Nación. Mediante resolución No. 481 el INCODER, habiendo valorado el conjunto probatorio, declaro la indebida ocupación de los predios Potosí, Venecia, San Simón, Los Bajos y Caño Negro, ubicados en el corregimiento de Simaña, jurisdicción de la Gloria, Departamento del Cesar.” (Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar , 2015). En otras palabras, El INCODER determinó que dentro de la antigua Bellacruz había 1.178 hectáreas que eran baldíos, es decir, tierras de la Nación, y que por tanto debían recuperarse, para poder ser adjudicadas.

Los campesinos se organizaron en la Asociación Colombiana Horizontes de Población Desplazada (Asocol) desde donde han venido actuando y realizando las labores necesarias para que les sean adjudicadas las tierras. Entre estas acciones encontramos una acción de tutela que interpuso la asociación contra el INCODER y el Ministerio de Agricultura, con el fin de que se les proteja el derecho a la vida, seguridad social, salud, trabajo y vida digna. Lo anterior toda vez que el INCODER ha hecho retroceder todo el proceso de adjudicación, ya que con la Resolución 00334 del 19 de febrero de 2015, firmada por Carlos Ignacio Carmona Moreno, subgerente de Tierras Rurales del INCODER, anuló jurídicamente dos resoluciones, las de 1990 y  1994, antes mencionadas, con las que el INCORA reconoció que dentro de la Hacienda había predios de origen baldío que la familia Marulanda se había apropiado irregularmente – la primera (03949/90) dio inicio al proceso de clarificación y la segunda (1551/94) clarificó la propiedad sobre los predios-. Lo cual implica que, actualmente, tocaría iniciar nuevamente todo el proceso(Verdad Abierta, 2015).Además de ignorar la Resolución 481 de 2013, mediante la cual el mismo INCODER declaró la ocupación indebida de baldíos de la Nación, pues sobre esta no hubo ningún pronunciamiento.

En la tutela se alega básicamente lo que se ha venido retratando en estas líneas. Y se pide que el INCODER termine el proceso agrario de recuperación de baldíos[6].

El 30 de junio del 2015 alrededor de 100 campesinos, pertenecientes a la Asociación de Campesinos Desplazados al Retorno (ASOCADAR) decidieron ocupar los terrenos en disputa, dicha ocupación fue reprimida por el ESMAD, dejando un saldo de 15 heridos. Respecto a esta ocupación la Corte Constitucional – en fallo de la MagistradaGloria Stella Ortiz Delgado – decretó medidas cautelares para quelos inspectores y demás autoridades, se abstengan de ejecutar procesos policivos en contra de la población campesina desplazada de la Hacienda, hasta tanto la Corte adopte una decisión definitiva en el presente caso, toda vez que dicha ocupación se encuentra amparada en la Ley.No han sido pocas las acciones que ha iniciado la contraparte, para que dichas medidas se levanten. Sin embargo, en el mes de septiembre, la Corte las ratificó (Fundación Ideas para la Paz, 2015).

Conflicto en Jiguamiando y Curvarado

El Río Curvarado es un territorio colectivo ubicado en el municipio de Riosucio, departamento de Chocó, que a su vez fue titulado como Consejo Comunitario mediante la Resolución del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) 2809 del 21 de noviembre del año 2000 (Facultad de Estudios Ambientales y Rurales – Departamento de Desarrollo Rural y Regional de la Universidad Javeriana.), dicha zona tiene una dimensión de 47166,2 hectáreas y es habitada por un total de 642 familias. En la misma situación encontramos el Consejo Comunitario del Río Jiguamiandó, titulado mediante Resolución del Incoder número 2801 del 21 de noviembre de 2000, el área está compuesta por 54688,7 hectáreas y en la misma viven cerca de 483 familias (Facultad de Estudios Ambientales y Rurales – Departamento de Desarrollo Rural y Regional de la Universidad Javeriana.).

Relevante para el presente análisis resulta el año de 1996, momento en el cual varias de las familias que habitaban la zona fueron desplazadas forzadamente por grupos paramilitares en alianza con miembros de la fuerza pública pertenecientes a las Brigada 17 del Ejercito Nacional de Colombia, en lo que se dio a llamar la OPERACIÓN GENÉSIS (Comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río Cacarica (Operación Génesis) vs. Colombia, 2014); de la población expulsada en 1999 retornan varias familias que se asientan en la parte alta del Río Jiguamiandó en donde fundan una organización denominada Asociación de Campesinos del Atrato (ACAT), la misma tuvo como misión principal visibilizar lo que había sucedido en la zona solo tres años antes, en atención a los reclamos insistentes de estos y otros líderes de las comunidades en el año 2000 se da la titulación formal de los dos Consejos Comunitarios que se mencionan en el párrafo inmediatamente anterior.

A pesar de la titulación por parte del INCODER, en el año 2001 se implantan los primeros cultivo a gran escala de palma de aceite en la zona, lo cual recrudece las condiciones de inseguridad para las personas que eran retornadas, lo anterior significó de medidas Provisionales por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de los pobladores de ambos territorios colectivos en el año 2003 (Asunto Comunidades del Jiguamiandó y del Curvaradó respecto de Colombia., 2003), lo que a su vez facilitó la creación y consolidación de las denominadas Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad (Nueva Esperanza y Bella Flor) (Colombialand.org, 2013) en las cuales se propende por la instauración de cultivos de pan coger que sean respetuosos con las condiciones y propiedades del ecosistema y que además respondan a las necesidades de las comunidades, en el 2004 el INCODER ante varias solicitudes accede a hacer una comisión de verificación en terreno, como resultado en su informe final el INCODER indica la urgencia de elaborar un plan de retorno de la comunidad y suspender inmediatamente los cultivos de palma en la zona; sin embargo, en el año 2005 se constata la apropiación de cerca de 5000 hectáreas por parte de palmicultores y ganaderos.

Desde el año 2009, se presento la llegada de grandes cantidades de personas foráneas que eran empleadas en los diferentes cultivos de palma, banano, plátano y yuca cultivados a gran escala en la región, lo anterior facilitando las ocupaciones de mala fe de las tierras que se encuentra tituladas colectivamente, generando enfrentamientos entre las personas que han retornado a la zona y los aparente ocupantes de mala fe, un informe de INCODER de 2012 demuestra que los ocupantes de mala fe actualmente controlan aproximadamente 10.000 hectáreas de yuca, 4.000 hectáreas de plátanos y 6.000 hectáreas de ganadería extensiva, o un 20% de la tierra que pertenece a las comunidades negras de Curvaradó y Jiguamiandó. Finalmente, es de mencionar que los poseedores de mala fe desde el año 2000 han utilizado como estrategia provocar crisis de representatividad dentro de las comunidades buscando la firma de los documentos con el fin de mantenerse con un vilo de legalidad en la zona.

En este contexto, a pesar de haber pronunciamientos de diferentes instancias a favor de la restitución de tierras a las comunidades negras, la misma no se ha dado en su totalidad, pues los terrenos a restituir en el momento se encuentran ocupados por grandes extensiones de cultivos principalmente de Palma de aceite, de plátano y de banano, que a su vez le pertenecen a personas jurídicas como Palmas de Curvaradó, Palmadó, Inversiones Agripalma, Consejo Comunitario de Curvaradó, la Unidad Productiva Palmera Afrocolombiana, Banacol, Dole Food Company, Inc., Uniban y del Monte Foods, Maderas del Darién Pizano, entre otros. En este sentido, según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 4,9 millones de hectáreas se usan para actividades de agricultura mientras que 38,6 millones de hectáreas se usan para ganadería, a pesar del hecho que una hectárea de agricultura es 12,5 veces más valorada que una hectárea de ganadería.

Conflicto en las Franciscas I y II

El municipio de Zona Bananera se encuentra ubicado en el extremo norte del departamento de Magdalena, su cabecera municipal se encuentra en Prado Sevilla(Alcaldía Municipal Zona Bananera, 2012); Zona Bananera es una entidad territorial relativamente nueva, toda vez que fue constituida como municipio mediante Ordenanza #011 de la Asamblea Departamental en 1999, la cual fue aprobada el año siguiente por la Gobernación. Está compuesto por 11 corregimientos, que contienen a su vez un total de 59 veredas.

Es dentro de este territorio que desde 1987 se encuentran en disputa alrededor de 130 hectáreas – dentro de los límites de las fincas conocidas como Las Franciscas I y II-  de las cuales fueron despojadas y desplazadas 52 familias que forman parte de  la  Asociación de Parceleros de La Iberia (Aucibe), por grupos paramilitares, con el auspicio de empresas bananeras de la región.

En la década de los sesenta, las multinacionales bananeras empezaron a abandonar los terrenos dentro de la región del Magdalena, para dar inicio a nuevos proyectos dentro de la remota región del Urabá (Agudelo Velásquez, 2011); en este escenario los trabajadores de confianza se quedaron con los mejores predios, mientras que los obreros y campesinos pobres se ubicaron en terrenos baldíos, que luego se convertirían en Zona Bananera.

En los años setenta, en el marco del auge de la época marimbera, el contrabando y la extorsión, llegaron los primeros grupos paramilitares a la región.En los ochenta llegan las FARC al territorio y las empresas bananeras del Urabá, nacionales y extranjeras, y empresarios antioqueños montaron en la Zona Bananera subsidiarias proveedoras de banano para exportar.

Los campesinos, dedicados al corte de fruta, esperaban que el gobierno realizase la anhelada reforma agraria y les titulase parcelas de tierra. Fue el caso de un grupo de corteros que supo por medio de Manuel Lineros, director del INCORA en la época, que el gobierno iba a comprar Las Franciscas, ubicado en el corregimiento de Orihueca, para adjudicarlas. Por esta razón, en 1987 se organizaron en la Asociación de Parceleros de La Iberia(AUCIBE) y comenzaron con los trámites para que dicho terreno les fuese adjudicado. (Verdad Abierta, 2014). Bajo este escenario y con el permiso del INCORA, el 6 de marzo de 1987, los campesinos ingresaron al terreno conocido como Las Franciscas 1 y 2, el cual se encontraba en total abandono.

Al poco tiempo de haber ocupado las parcelas, cuatro mesesexactamente, llegó un terrateniente alegando que ellos no podían tomar posesión de dicho terreno, toda vez que le pertenecía a él, sin más prueba que la mera palabra.Lo anterior no hizo que las familias campesinas abandonasen los predios, ni tampoco cuando el mismo terrateniente los amenazó con cerrarles los caminos de acceso al predio, así como el suministro de agua porque supuestamente él también era dueño de los terrenos colindantes(Verdad Abierta, 2014) en cambio sí lo abandonaron cuando hombres armados pertenecientes a la banda delincuencial de “El Polvorín”, llegaron a desalojarlos.

“Con los predios desocupados, el terrateniente cultivó banano en asocio con una empresa proveedora de una multinacional. Sin embargo, en 1990 dos proveedoras de esa multinacional crearon una nueva compañía que, en 1991, terminó haciéndose a la propiedad de Las Franciscas y explotando sus tierras. Cuando la transacción ocurrió, según lo documentó la Unidad de Restitución al estudiar el certificado de libertad y tradición, los predios afrontaban un proceso de extinción de dominio por deudas adquiridas por los dueños anteriores.” (Verdad Abierta, 2014)

En 1993, la Comunidad Económica Europea impuso restricciones a las importaciones de banano. Esto llevó a que las multinacionales volviesen a buscar refugio en el Urabá, con el fin de reducir costos.Bajo este escenario, en el año de 1996, las familias de AUCIBE volvieron a ocupar los predios. Para esta época llegaron grupos paramilitares a la Zona Bananera, con el fin de contrarrestar la presencia del ELN en el territorio. Esta llegada trajo consigo asesinatos, desplazamiento y desapariciones.

A partir de 1999, estos grupos paramilitares empezaron a ser financiados por empresarios bananeros, para que erradicasen los sindicatos dentro de las plantaciones. “El Frente Bananero al que se refería Giraldo, planeado en una reunión en 1997, estuvo a cargo de Julián, hermano de Jesús Ignacio Roldán, alias ‘Monoleche’, quien tuvo bajo su mando a hombres como William Rivas, alias ‘4 4’, y Carlos Mangones Lugo, alias ‘Carlos Tijeras’.” (Verdad Abierta, 2014)

Los campesinos de AUCIBE soportaron la ola de violencia paramilitar desde 1996 hasta el 2004, año en el cual fueron despojados nuevamente de sus predios, tras el asesinato de cinco parceleros pertenecientes a la Asociación. Los primeros asesinados, fueron los tres hermanos Terán Pérez, en septiembre del 2001.(Value, 2001). En este periodo, se les hicieron propuestas, por parte de trabajadores de la empresa proveedora, para que desocuparan los predios a cambio de dinero; estos siempre se negaron y mostraron su compromiso en continuar con el proceso de titulación iniciado en 1987.

En marzo de 2004 fue asesinado el presidente de AUCIBE, tras negarse a desocupar los terrenos. Kelsy se negó, les dijo que no tenían a dónde ir y luego recibió un disparo en la frente. Alias ‘Tijeras’ confesó este asesinato en una versión libre del 11 de octubre de 2007. (Verdad Abierta, 2014). Tras este asesinato, los campesinos abandonaron los predios, sin embargo seguían yendo para recoger la cosecha y eligieron un nuevo líder. El cual sería incluido en una lista para ser asesinado, motivo por el cual tuvo que abandonar la región.

Para agosto de 2004, eligieron a Abel Bolaños en reemplazo del líder desplazado, Bolaños fue citado por los mismos trabajadores que antes ya les habían hecho propuestas de abandonar el terreno a cambio de dinero. En esta ocasión la propuesta fue aceptada y se pactó que cada parcelero recibiría en 1 y 1.5 millones por hectárea; la idea era utilizar ese dinero para pagar a un abogado que los defendiese; “[e]n una segunda reunión, donde se suponía que les entregarían el dinero a los campesinos ocurrió el despojo en el papel. Cuando llegaron los campesinos a la finca, tres hombres armados los encerraron con candado en la habitación de una de las empacadoras, a cada uno les entregaron solo entre 160 mil y 650 mil pesos, les descontaron de a 50 mil pesos, les pidieron las cédulas y finalmente les hicieron firmar unos papeles en blanco.”(Verdad Abierta, 2014). Bajo este escenario todos los campesinos firmaron dichos papeles, muchos de los campesinos nunca volvieron a Las Franciscas, otros solicitaron que les permitiesen sacar las cosechas; las cuales finalmente iban a ser destruidas junto con las cabañas.

A principios de 2005 el líder de AUCIBE, Abel Bolaños fue asesinado mientras trabajaba en unas parcelas. Desde entonces los miembros de la Asociación viven como desplazados en distintas regiones de la Costa Caribe, esperando un pronunciamiento de la justicia.Este caso fue documentado por la Unidad de Restitución de Tierras y encomendado la Comisión Colombiana de Juristas, quienes en el 2013 presentaron el caso ante un juez de restitución de tierras, se está a la espera de la resolución del mismo. Pese a las confesiones de los ex jefes paramilitares ‘Pedro Bonito’ y ‘Carlos Tijeras’ ha habido impunidad sobre los crímenes y el despojo cometidos contra esta comunidad porque los máximos responsables no han sido investigados.(Verdad Abierta, 2014)

Conflicto bajo mira y frontera

El Bajo Mira y Frontera es un territorio colectivo ubicado en el municipio de Túmaco, departamento de Nariño, que a su vez fue titulado como Consejo Comunitario mediante la Resolución del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) 046 del 21 de julio del año 2003 (Verdadabierta), dicha zona tiene una dimensión de 46.000 hectáreas y es habitada por un total de 642 familias. Importante es mencionar que la totalidad del territorio correspondiente al Consejo Comunitario se encuentra afectado por la declaratoria de Reserva Forestal prevista por la Ley 2° de 1952.

Relevante para el presente análisis resulta el año de 1977, momento en el cual “Palmas de Tumaco, mediante Escritura Pública No. 255 del 26 de febrero de 1977 de la Notaria 18 de Bogotá, compró 702,7692 hectáreas de propiedad de la extinta “Hacienda Palmar del Río S. A.”, empresa que para hacerse con dichos inmuebles, desvió por completo los principios que rigen la política de adjudicación de baldíos, convirtiendola en una herramienta para la concentración indebida de predios”[7], del mismo modo se pudo establecer que los precios de compra de cada uno de los predios fue significativamente más bajo del previsto en los avalúos hechos para la época, seguido además de una serie de ventas fictas a personas que nunca habían tenido una relación real con dichos territorios. Por lo anterior la  Unidad de Restitución de Tierras concluye que “existió una estrategía irregular por parte de los socios de Hacienda Palmar del Río, dirigida a concentrar, en dicha figura empresarial, el mayor número de predios a su nombre, esto en detrimento de las comunidades negras que han ocupado ancestralmente las tierras actualmente usufructuadas por Palmas de Tumaco”.

Entre los años 1981 y 1992 la empresa Palmas de Tumaco haciendo uso de las estrategias mencionadas en el párrafo inmediatamente anterior se hace con el dominio de casi 4179 hectáreas; para esto “…entre 1982 y 1983, mediante acuerdo 035 de 1982 del INDERENA y Resolución Ejecutiva No. 183 de 1983 del Ministerio de Agricultura, se sustrajeron cerca de 30.000 hectáreas, en áreas que conformaban el Bajo Mira…” [8], de formar paralela con la sustracción en mención varios de los socios de Palmas de Tumaco empiezan a solicitar y hacerse beneficiarios de la adjudicación de baldíos de hasta 450 hectáreas.

Las confrontaciones entre los miembros del Consejo Comunitario de Bajo Mira y Frontera y la empresa Palmas de Tumaco se han venido intensificando desde 1995, lo anterior debido a que es desde dicho momento que la empresa ha empezado a ocupar predios que venían siendo usufrutuados por la comunidad, así se conocen de amenazas por parte de la compañía a comuneros de la zona con el fin de que abandonen su territorio, además son presentadas varias demandas en contra de líderes del Consejo Comunitario buscando reivindicar el dominio sobre las tierras soportado en titúlos obtenidos irregulamente.

En atención a la situación descrita con anterioridad, la Corte Constitucional mediante auto 004 y 005 de 2009, otrogó medida de protección a una comunidad que tras el fallo de un Juez a favor de Palmas de Tumaco iba a ser desalojada del territorio colectivo (Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos).

Finalmente, el 22 de octubre de 2012 por intermedio de la Unidad Administrativa Especial de Gestión  de Restitución de Tierras Despojadas y/o abandonadas (URT) en concordancia con lo dispuesto dentro del Decreto 4635 de 2011, se presentó una solicitud de medidas cautelares a favor de la comunidad ante el Juez Primero Especializado de Restitución de Tierras de Tumaco (Sierra, 2014), la cual fue solucionada protegiendo los derechos al territorio de las comunidades negras de la zona.

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[1] Conforme a la clasificación de OLADE, los proyectos que se tienen una capacidad instalada de más de 20 MW, y que regularmente se clasifican entre los 200 y 600 MW, corresponden a proyectos de centrales hidroeléctricas (CH).

[2] También en la clasificación establecida por el Decreto 2041 de 2014 de licencias ambientales (numeral 4, literal a del artículo 8°), la competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) incluye los proyectos de construcción y operación de centrales generadoras de energía eléctrica con capacidad instalada igual o superior a 100 MW (PRC, 2014).

[3] Conforme a la clasificación de OLADE, los proyectos que se tienen una capacidad instalada de más de 20 MW, y que regularmente se clasifican entre los 200 y 600 MW, corresponden a proyectos de centrales hidroeléctricas (CH).

[4] También en la clasificación establecida por el Decreto 2041 de 2014 de licencias ambientales (numeral 4, literal a del artículo 8°), la competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) incluye los proyectos de construcción y operación de centrales generadoras de energía eléctrica con capacidad instalada igual o superior a 100 MW (PRC, 2014).

[5]La familia Marulanda había registrado la propiedad de tales predios a favor de dos empresas familiares: MR de Inversiones y Frigorífico La Gloria, que fueron adquiridas en 2008 por la empresa panameña Dolce Vista Estate Inc., compañía que los entregó el 7 de octubre de 2010 a un encargo fiduciario administrado por Fiducafé, el cual está hoy bajo la titularidad de la Fiduciaria Davivienda. Por su parte, los derechos fiduciarios están en cabeza de MR de Inversiones SAS, cuyo único accionista hoy en día es la sociedad panameña Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A.”(Decreto de medidas cautelares en el proceso de la acción de tutela instaurada por la Asociación Colombiana Horizonte (ASOCOL), en contra del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y del INCODER, 2015)

[6] “el INCODER solicitó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, el registro de la Resolución 1551 de 1994, que clarifica la propiedad, y de la Resolución 481 de 2013, que declara la ocupación indebida de baldíos de la nación. Sin embargo, las solicitudes han sido devueltas sin el respectivo registro por diversas razones. En esa medida, a pesar de la existencia de actos administrativos que clarifican que la propiedad es de la nación, y que determinan que los mismos han sido indebidamente ocupados, el registro de la titularidad de dichos predios continúa en cabeza de la Fiduciaria Davivienda para efectos de su oponibilidad a terceros.” (Decreto de medidas cautelares en el proceso de la acción de tutela instaurada por la Asociación Colombiana Horizonte (ASOCOL), en contra del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y del INCODER, 2015)

[7] Unidad Administrativa Especial de Gestión  de Restitución de Tierras Despojadas y/o abandonadas. Informe de caracterización de afectaciones territoriales Bajo Mira y Frontera.

[8] Ibídem.

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